PROBLEMS OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL TO ERADICATE CORRUPTION IN THE PERUVIAN STATE
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Trujillo – Perú
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar las deficiencias del sistema de control interno para erradicar definitivamente los efectos de la corrupción en el sector público. Para ello se tomaron datos estadísticos reales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); así como, por la Contraloría General de la Republica (CGR), a fin de proveer información de la problemática que se ve en el Perú con relación a la presencia de los índices de corrupción y a la falta de implementación del sistema de control interno por parte de entidades del estado. Los hallazgos mostraron que el mayor problema que abunda el país hasta el mes de mayo del 2018, es la corrupción
Maestra en Ciencias Económicas y docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI.
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.
con un 53,9%, siendo los partidos políticos los menos confiables por la sociedad peruana. Del mismo modo, se obtuvo que del total de entidades públicas en el país en el periodo 2017, solo el 17,6% ha conseguido registrar su avance de implementación de control interno en el sistema informático SISECI. En ese sentido, se concluye que, al no existir una implementación de sistema de control interno por parte de las entidades del estado, la corrupción no podrá ser erradicada en su totalidad, generándose el riesgo que se consolide aún más.
The present work aims to demonstrate the deficiencies of the internal control system to definitively eradicate the effects of corruption in the public sector. For this, real statistical data provided by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) were taken; as well as, by the Comptroller General of the Republic (CGR), in order to provide information on the problems that are seen in Peru in relation to the presence of corruption indices and the lack of implementation of the internal control system by of state entities. The findings showed that the biggest problem that abounds in the country until the month of May 2018, is corruption with 53,9%, with political parties being the least trusted by Peruvian society. In the same way, it was obtained that of the total of public entities in the country in the period 2017, only 17,6% have managed to register their progress of implementation of internal control in the SISECI computer system. In this sense, it is concluded that, since there is no implementation of an internal control system by state entities, corruption can not be eradicated in its entirety, generating the risk that is further consolidated.
En los últimos años el problema de la corrupción se ha convertido en el tema central, no solo a nivel nacional sino también internacional, debido a que en todo momento, los medios televisivos, radiales y periodísticos señalan un
sin número de documentales y noticias en las cuales personas vinculadas a instituciones y entidades de prestigio, son acusados de estar inmersos en actos de incidencia corruptiva; sin embargo, a pesar de existir normas nacionales e internacionales, a la fecha no se ha logrado erradicar, tal es el caso que no se puede concientizar a la eliminación de este mal si el sistema público está considerado como corrupto.
Si bien es cierto, se debe a que no existe un buen sistema de control interno que permita bloquear el avance de la corrupción y que existen barreras que cada vez se van agrandando, permitiendo de este modo que no se pueda combatir.
Según Cárdenas et al. (2016) hace mención al The South African Development Community Protocol, quien define a la corrupción con las conductas tipificadas en el propio tratado, tales como: soborno, cohecho, tráfico de influencia, y cualesquiera otras que los Estados firmantes del convenio señales como actos de corrupción en su legislación nacional.
Es de precisar que, para que la corrupción se dé, se necesita de dos elementos que son oferta y demanda; esto quiere decir, que, si una persona ofrece algún elemento monetario o en especie, con la finalidad de obtener algo a cambio de su beneficio a un funcionario, y este acepta para agilizar su pedido, ya se convierte en acto de corrupción.
Al respecto, Donayre (2014) indica que la corrupción afecta la eficiencia y eficacia de las entidades, generando desconfianza en las instituciones y pérdida de valor público y cohesión social. Tal es el caso de la situación del Perú, al haber pasado varios gobiernos, no han hecho nada al respecto a fin de eliminarla, al contrario, se ve cada vez más estos actos atroces que, aunque esté agendado, como política nacional, no se le da la importancia necesaria para ponerle un fin.
También, Olaya (2012) explica que se puede redactar como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementadas, a fin de favorecer intereses particulares.
Lo más resaltante en el presente trabajo es que se considera la variable
dependiente Corrupción siendo las dimensiones establecidas por Instituto Nacional de Estadística e Informatica (2018) las siguientes: Confianza en las instituciones del estado, Gestión pública en el país, Funcionamiento de democracia, Discriminación social y Situación económica.
Para finalizar, Cárdenas et al. (2016) señala que, actualmente no existe país, región o continente que no padezca los efectos de este fenómeno ya que la corrupción es un problema tanto para países desarrollados como pobres o sub desarrollados. América Latina no se escapa de dicho fenómeno ya que la corrupción se encuentra presente, en sus diversas formas, en las empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, los Gobiernos y las Administraciones Públicas de los distintos países de la región, llegando a superar en muchos casos cuotas muy elevadas.
En el caso del sistema de control interno, Canelos (2013) lo define como un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales, para lo cual se deben aplicar modalidades como control previo, continuo y posterior.
La Contraloría General de la Republica (2014) define a dicho control como la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos. Asimismo, el control como actividad de la administración viene a ser el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa.
En relación al trabajo de investigación, se ha considerado para la variable independiente denominada Control Interno, las dimensiones establecidas por la CGR (2015) siendo: Evaluación del riesgo, Ambiente de Control, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión.
Aquí surge el problema, puesto que según CGR (2015) indicó en el diario El Comercio que solo el 25% de las 655 entidades públicas con que cuenta el Perú, implementó su Sistema de Control Interno que le permite prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción en sus operaciones institucionales, pero no es un control interno muy eficiente que se diga, puesto que no se cuenta con parámetros bien definidos por dichas entidades.
Al respecto la CGR (2017) hace de conocimiento que, de las 3720 entidades en el Perú, solo 654 han conseguido registrar sus avances de implementación de control interno en el aplicativo informático SISECI en el periodo 2017. Es decir que solo el 17.58% de entidades públicas viene trabajando para implementar un sistema de control interno.
Es por ello que, a pesar de sus múltiples ventajas, continúa siendo bajo el nivel de implementación del Sistema de Control Interno a nivel del Estado. Asimismo, desde hace nueve años las entidades están obligadas a implementar y mantener controles internos en todas las operaciones institucionales, pero a la fecha no se ha conseguido erradicar la corrupción. Casualmente, esta escasa participación del control interno en las entidades públicas ha permitido que los niveles de corrupción se incrementen y lleguen a consolidarse en todos los niveles de gobierno en el país.
Se cuenta con antecedentes internacionales y nacionales que avalan el presente trabajo, tales como:
El trabajo de investigación de Pares (2017) señala que existen diversos tipos de corrupcióncomoelcasodelossobornosafuncionariospúblicos,ventadevehículos de propiedad del estado y coimas; y que es por ello que surge la preocupación a nivel internacional, y en consecuencia también a nivel nacional, por combatir y erradicar las conductas delictivas de la corrupción, que van evolucionando más rápido que la propia previsión legislativa de su castigo y represión.
Según Trujillo (2017) indica que se ha determinado que las medidas con las que lucha la Policía Nacional del Perú en contra de la corrupción son necesariamente la sanción y la prevención y en menor medida la rendición de cuentas. Es por ello que, las medidas anticorrupción puede que no respondan al modo cómo se comporta la corrupción; es decir, parece que se le da la mayor importancia a los pequeños casos de corrupción y se busca sancionarlos en lugar de prevenirlos y, por otro lado, la prevención está orientada al conocimiento de la normativa principalmente mostrando también sólo casos operativos en torno a la sanción o a la realización de informes.
Además, Ramírez (2017) explica que el problema existente respecto a las
Contrataciones del Estado, es de muchos años atrás y es un tema de interés nacional, es considerado un problema crítico y de alto riesgo de corrupción, siendo uno de los problemas centrales en la gestión pública.
Las contrataciones del estado son parte importante de las políticas públicas relacionadas con la economía del País, la modernización del aparato del estado, la lucha contra la corrupción y en la simplificación administrativa.
Es por ello que, Gamboa et al. (2016) indica que el diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias; los directivos en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales, las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.
El propósito del presente trabajo es dar a conocer cómo las deficiencias existentes en el control interno no permiten erradicar definitivamente los efectos de la corrupción en el sector público, tal como Transparency International (2017) señala que la puntuación del índice de percepción de la corrupción (IPC) correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector publico según la percepción de empresas y analistas del país, a lo cual, Perú se encuentra en el puesto 96 de los países más corruptos a nivel mundial siendo Venezuela el país sudamericano más corrupto en la historia en el puesto 169. Se justifica de la siguiente manera:
Aspecto ético, según Canelos (2013) explica que corrupción no significa solamente obtener incorrectos beneficios económicos, sino que también implica una inadecuada práctica profesional con concepción diferente de la asimilación de la ética, que orienta a realizar siempre actos personales no apropiados en contra de principios y valores.
Navarro & Ramos (2016) señalan que el Estado, los propietarios y las demás partes interesadas; por estos motivos, los entes económicos, inmersos en los sistemas comerciales pertenecientes a la era dominada por la sociedad del conocimiento, deben idear los mecanismos necesarios que permitan a estos agentes tomar decisiones adecuadas en relación con el apropiado cumplimiento de las obligaciones contractuales, laborales e impositivas; con la elusión en todos los sentidos de aquellos actos considerados corruptivos e ilegales, y con el aseguramiento de la calidad de los procesos de producción de los productos y servicios que se ofrecen al mercado.
Aspecto legal, puesto que la ley es muy permisiva debido a que tras la existencia de tres normas aprobadas se han ido prorrogando plazos para implementar un sistema de control interno en el estado peruano, tal como se explica a continuación:
Según el MEF (2015) quien aprobó la Ley de presupuesto para el año fiscal 2016, ampliaba en demasía el tiempo de implementación del control interno de las entidades del estado, puesto que en su quincuagésima tercera disposición establecía que, en todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), debía ser en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.
Al respecto, la CGR (2016) aprobó la Directiva nº 013-2016.CG/GPROD. Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado, en la cual establecía plazos para conseguir dicha implementación en los tres niveles de gobierno fluctuando entre 24 a 36 meses.
Sin embargo, la misma CGR (2017) aprobó la Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado, dando como plazos para las implementaciones de dichos sistemas de control en los tres niveles de gobierno fluctuando entre 24 a 36 meses, nuevamente. Así también, el Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, publicado en el diario El Peruano por la PCM (2017) señala que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción como espacio de coordinación y articulación entre las principales entidades públicas, sector empresarial y la sociedad civil, en cumplimiento de su función principal de proponer las políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción de manera intersectorial e
intergubernamental; elaboró y aprobó la presente propuesta de Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual, estando próximo a celebrar el bicentenario de nuestra independencia, resulta fundamental e impostergable para lograr un Estado integro, inclusivo y eficiente al servicio del ciudadano.
Para finalizar, el Decreto Supremo n° 044-2018-PCM, publicado en el diario El Peruano por la PCM (2018) indica que en el capítulo IV “Objetivos Estratégicos y Acciones del Plan” se detallan las medidas de corto, mediano y largo plazo de modo tal que se logre un orden en su ejecución y una definición de las entidades responsables y participantes en el proceso de implementación.
Es un trabajo cuantitativo, de estudio descriptivo y de diseño no experimental. Para lo cual se ha revisado información actualizada de referencias fehacientes del Sistema Nacional de Control representado por la Contraloría General de la Republica (CGR) como ente rector del mismo, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la página web de Transparency International, cuyos datos reflejan la realidad que se vive con un sistema corrupto, tomando como población y muestras ciento ochenta (180) países del mundo y los puestos que ocupan según el IPC de corrupción.
Para dicha investigación, se tuvo que analizar cada dato estadístico según la referencia dada, a lo cual se llevó a seleccionar al Perú, por ser un país que en esta realidad la corrupción ha producido desconfianza total en los ciudadanos peruanos por los sistemas administrativos y más que todo por un sistema de control interno que no es el adecuado y cuya implementación no se está dando en los niveles esperados.
Además, se ha considerado nivel de confianza en las instituciones del país por parte de la población siendo la muestra de veintiún (21) instituciones del estado. Debido a que es una investigación descriptiva se ha considerado las dimensiones propuestas por el INEI (2018) para la variable dependiente Corrupción siendo: Confianza en las instituciones del estado, Gestión Publica en el país, Funcionamiento de democracia, Discriminación social y Situación económica.
De la misma manera se ha tomado las dimensiones que la CGR (2015) ha considerado para la variable independiente denominada Control Interno, siendo:
Evaluación del riesgo, Ambiente de Control, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión.
Como material se ha contado con sistemas de cómputo e internet para la búsqueda de información y elaboración del presente trabajo de investigación. Se contó con las técnicas de procesamiento de datos, a lo cual, se tomó la base de datos para la digitación de la información recabada por el INEI, con lo que se elaboró tablas estadísticas para presentar ordenadamente los resultados en frecuencias y facilitar su lectura e interpretación. También, las técnicas de análisis de datos, para el análisis de los datos obtenidos se organizaron en la Estadística descriptiva, para lo cual se contó con la elaboración de dichas tablas.
Según Transparencia Internacional (2018), reveló su más reciente informe sobre la percepción de corrupción para el año 2017. Al respecto, se muestra un índice, el cual se calcula de 0 a 100 respectivamente siendo de altamente corrupto a muy transparente y se establece gracias a expertos y actores del sector privado y su apreciación de la transparencia de lo público. En un panel de 180 países, los mejores alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, mientras que los peores son Siria, Sudán del Sur y Somalia, quien está en el último puesto y con el mayor rango de corrupción, tal como se muestra en la tabla 1.
Índice de Percepción de la Corrupción 2017 en países del mundo.
Posi- ción País | País/ Territorio | Puntuación del IPC 2017 | Encues- tas utili- zadas | Desvia- ción estándar | Rango Mínimo/ Máximo | |
Inferior | Superior | |||||
1 | Nueva Zelan- | 89 | 8 | 2,4 | 85 | 93 |
dia | ||||||
2 | Dinamarca | 88 | 8 | 2,75 | 83 | 93 |
3 | Finlandia | 85 | 8 | 2,84 | 80 | 90 |
3 | Noruega | 85 | 8 | 1,83 | 82 | 88 |
3 | Suiza | 85 | 7 | 1,71 | 82 | 88 |
6 | Singapur | 84 | 9 | 2,26 | 80 | 88 |
96 | Perú | 37 | 8 | 3,35 | 32 | 42 |
169 | Venezuela | 18 | 8 | 1,6 | 15 | 21 |
178 | Siria | 14 | 5 | 1,93 | 11 | 17 |
179 | Sudan del Sur | 12 | 5 | 1,56 | 9 | 15 |
180 | Somalia | 9 | 5 | 2,26 | 5 | 13 |
Según esta publicación, América Latina no logra salir de la zona roja del índice sobre percepción de corrupción; toda vez que, el informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en Ecuador y Perú. No obstante, estos avances no son generalizados y “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”, argumenta la ONG.
En la tabla 1, de las 180 naciones, la peor calificada en Sudamérica según el índice es Venezuela en el puesto 169 con un puntaje de 18. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala entre los peores calificados sobre la percepción de corrupción.
Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación entre 29 y 32, muy alejada a la mejor calificada de todo el continente americano: Canadá, con 82 de puntaje en transparencia y un honroso octavo lugar en el ranking mundial.
La voluntad política acerca de la lucha anticorrupción sufre de variaciones importantes entre países y eso podría explicar en parte el estancamiento de la región. Los países que consideran esta cuestión como prioritaria y actúan con un aparato legislativo eficaz, basado “mediante el consenso y la participación política”, logran mejorar sus puntuaciones rápidamente.
Mientras tanto, los países que no consideran este tema como prioritario empeoran cada año, revela el análisis. Es por ello que, Transparencia Internacional
recomienda que se apliquen cambios de fondo sobre el “financiamiento de la política, de las contrataciones públicas y del fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes” para que se puedan notar cambios reales.
Asimismo, esta misma institución, publicó la citada tabla Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, correspondiente a un país o territorio el cual indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).
No obstante, Perú, no está ajeno a este hecho, toda vez que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2018); ha comparado con el mismo periodo del año anterior Diciembre 2016 – Mayo 2017, la corrupción continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía. En efecto, en el semestre móvil correspondiente al período Diciembre 2016 - Mayo 2017, la corrupción fue percibida por la población como el principal problema (49,4%) y en el presente semestre móvil Diciembre 2017– Mayo 2018 esta preocupación se ha acentuado como principal problema, aumentando en cerca de 5 puntos porcentuales (53,9%) para el país. (Ver Tabla 2).
Principales problemas del país al periodo 2018.
Prioridad del problema | Semestre Móvil | Variación (Pun- tos porcentua- les) | |
Dic16- May17 | Dic17- May18 | ||
Corrupción | 49,4 | 53,9 | 4,5 |
Delincuencia | 44,3 | 41,1 | -3,3 |
Pobreza | 19,9 | 21,0 | 1,1 |
Falta de seguridad ciudadana | 18,3 | 15,7 | -2,6 |
Falta de empleo | 13,7 | 14,1 | 0,4 |
Mala calidad de la educación estatal | 11,9 | 10,6 | -1,3 |
Falta de credibilidad y transpa- rencia del gobierno | 7,4 | 9,8 | 2,4 |
Violencia en los hogares | 4,9 | 7,8 | 2,9 |
Falta de cobertura/ mala aten- ción en salud publica | 5,5 | 5,2 | -0,3 |
Bajos sueldos/ aumento de pre- cios | 6,7 | 5,2 | -1,5 |
Falta de apoyo a la agricultura | 3,5 | 4,3 | 0,8 |
Violación de derechos humanos | 1,7 | 2,9 | 1,3 |
Mal funcionamiento de la demo- cracia | 1,3 | 1,5 | 0,2 |
Falta de cobertura del sistema de seguridad social | 1,2 | 1,1 | -0,2 |
Falta de vivienda | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
Otro | 16,5 | 16,6 | 0,1 |
Ninguno | 2,3 | 1,9 | -0,4 |
Asimismo, el cobro de regalos, propinas, sobornos y coimas por parte de un funcionario por el uso de los servicios del Estado, es una forma de corrupción de las muchas existentes, la de “Menudeo” que implica al funcionario, encargado de atención a los usuarios. Según la encuesta, en el semestre móvil comprendido entre Diciembre 2017 – mayo 2018, el 2,9% de los hogares consultados, reportaron que a algún miembro de su hogar le solicitaron “un pago extra” al realizar gestiones o demandar servicios en las Instituciones Públicas; tal como se muestra en la tabla 3:
Entrega obligatoria o voluntaria de incentivos particulares a funcionarios públicos
Se sintió obliga- do o dio volun- tariamente re- galos, propinas, sobornos a un funcionario del estado | Área de residencia | |||||
Nacio | nal | Urbana | Rural | |||
Dic16- May17 | Dic17- May18 | Dic16- May17 | Dic17- May18 | Dic16- May17 | Dic17- May18 | |
Si | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 1,4 | 1,7 |
No | 93,9 | 93,4 | 93,3 | 93,3 | 95,5 | 93,7 |
No ha hecho uso | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 4,6 |
de servicios del | ||||||
Estado | ||||||
De las dimensiones evaluadas respecto al tema de corrupción se pudo evidenciar que:
La menor confianza debido al problema de la corrupción recae en los partidos políticos, puesto que el porcentaje de confiabilidad es de 3,9% de diciembre de 2017 a mayo de 2018; sin embargo la entidad más confiable en ese periodo es la RENIEC, tal como se muestra en la tabla 4:
Confianza en las Instituciones del Estado
Institución | % Confiable Diferencia % No confiable Diferencia Diciem- Diciem- Dic2017/ Diciem- Di- bre bre May2018- bre ciem- Dic2017/ 2017- Dic2016/ bre May2018- 2016 - Mayo May2017 2016 Dic2016/ 2018 (p.p) -Mayo 2017 May2017 Mayo 2017 –Mayo (p.p) 2018 2017 | |||||
Registro Nacional de Iden- | 57,6 | 55,0 | -2,6 | 38,8 | 41,2 | 2,5 |
tificación y Estado Civil | ||||||
(RENIEC) | ||||||
Iglesia Católica | 51,5 | 47,6 | -3,9 | 46,5 | 50,6 | 4,1 |
Ministerio de Educación | 41,7 | 37,7 | -4,0 | 55,3 | 59,1 | 3,8 |
Fuerzas Armadas | 32,7 | 30,0 | -2,7 | 61,4 | 63,4 | 1,9 |
Radio y Televisión | 29,2 | 24,9 | -4,3 | 68,2 | 72,5 | 4,3 |
Defensoría del Pueblo | 24,9 | 21,5 | -3,5 | 62,1 | 66,2 | 4,1 |
Superintendencia Nacional | 22,7 | 20,5 | -2,1 | 63,1 | 64,2 | 1,2 |
de Aduanas y Administra- | ||||||
ción Tributaria | ||||||
Oficina Nacional de Proce- | 23,9 | 19,3 | -4,6 | 68,3 | 71,9 | 3,6 |
sos Electorales (ONPE) | ||||||
Policía Nacional del Perú | 19,9 | 18,0 | -1,9 | 77,6 | 79,7 | 2,1 |
Prensa Escrita | 18,8 | 16,0 | -2,7 | 76,6 | 79,2 | 2,6 |
Jurado Nacional de Elec- | 19,3 | 15,5 | -3,7 | 71,1 | 73,9 | 2,8 |
ciones (JNE) | ||||||
Municipalidad Distrital | 16,9 | 13,9 | -3,0 | 79,8 | 83,0 | 3,2 |
Ministerio Público - Fiscalía | 15,1 | 13,7 | -1,4 | 71,9 | 72,0 | 0,1 |
de la Nación | ||||||
Poder Judicial | 13,5 | 12,4 | -1,1 | 80,8 | 81,3 | 0,6 |
Municipalidad Provincial | 16,1 | 12,7 | -3,4 | 79,0 | 82,9 | 3,9 |
Contraloría General de la | 14,7 | 12,4 | -2,3 | 66,1 | 68,6 | 2,6 |
República | ||||||
Procuraduría Anticorrup- | 13,2 | 11,4 | -1,9 | 69,9 | 71,7 | 1,8 |
ción | ||||||
Comisión de Alto Nivel An- | 12,6 | 11,2 | -1,4 | 66,6 | 68,3 | 1,7 |
ticorrupción | ||||||
Gobierno Regional | 12,2 | 9,7 | -2,5 | 79,0 | 82,2 | 3,2 |
Congreso de la República | 8,1 | 5,6 | -2,5 | 86,5 | 89,0 | 2,5 |
Partidos Políticos | 4,4 | 3,9 | -0,6 | 91,4 | 91,9 | 0,6 |
Esto se debe a que aquellas personas que postulan a cargos de funcionarios públicos por partidos políticos, no cuentan con el respaldo de la población, debido a actos que en muchas ocasiones se presentan por medios periodísticos por detecciones de auditorías, donde en muchos casos existen responsables, siéndolos de turno.
Gestión Pública en el Estado Peruano.
Opinión sobre la gestión | Gobierno | Central | Gobierno Regional | Gobierno Local | ||
Diciem- bre 2016- Mayo 2017 | Diciem- bre 2017- Mayo 2018 | Diciem- bre 2016- Mayo 2017 | Diciem- bre 2017- Mayo 2018 | Diciem- bre 2016- Mayo 2017 | Diciem- bre 2017- Mayo 2018 | |
Nacional 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Muy buena / 39,2 Buena | 22,1 | 26,3 | 19,5 | 33,2 | 26,6 | |
Mala / Muy mala 47,7 | 65,4 | 56,4 | 66,1 | 60,0 | 67,6 | |
No sabe / No 13,1 responde | 12,5 | 17,3 | 14,4 | 6,8 | 5,8 | |
La gestión pública ha sido denotada como una dimensión afectada por la corrupción, debido a que un 65,4% de los encuestados desaprueba el aspecto gobierno central, un 66,1% en gobierno regional y un 67,6% en gobierno local, según tabla 5.
Funcionamiento de la democracia en el Estado Peruano
En el Perú la Democracia funciona: | Nacio- nal | Área de Residencia | Sexo | Nivel Educativo | |||
Urbana | Rural | Hom- bre | Mu- jer | Primaria | Secundaria | ||
Bien o Muy Bien | 34,9 | 33,2 | 41,7 | 35,9 | 34,0 | 35,5 | 31,8 |
Mal o muy Mal | 58,5 | 62,1 | 43,4 | 61,0 | 56,4 | 44,6 | 67,4 |
No sabe | 6,7 | 4,7 | 14,9 | 3,1 | 9,5 | 19,9 | 0,8 |
En relación al funcionamiento de la democracia, se puede apreciar que en la tabla 6, los encuestados han considerado que a nivel nacional un 58,5% que dicha dimensión ha sido afectada por la corrupción, por lo que en el país no funciona.
Discriminación social en la sociedad peruana
Nacional | 14,6 | 85,4 |
Urbano | 15,8 | 84,2 |
Rural | 10,0 | 90,0 |
Hombre | 15,5 | 84,5 |
Mujer | 13,9 | 86,1 |
Primaria 1/ | 9,3 | 90,7 |
Superior | 17,5 | 82,5 |
La corrupción también afecta el ámbito social, por lo que existe discriminación; según la tabla 7, se ha identificado un porcentaje de 17, 5% de afectados los cuales son profesionales que cuentan con un título profesional, magísteres y doctores, que por causan de no existir meritocracia, no han sido elegidos para contratos de trabajo, siendo ellos aptos para el puesto.
Situación económica en el territorio patrio
Situación económica del hogar | Nacional | Urbano | Rural |
Apenas logra equilibrar | 67,6 | 64,8 | 74,9 |
sus ingresos y gastos | |||
Logra ahorrar dinero | 12,8 | 15,2 | 6,6 |
Se ve obligado a endeu- | 11,2 | 11,3 | 10,8 |
darse | |||
Se ve obligado a gastar | 8,5 | 8,7 | 7,7 |
sus ahorros |
Según la tabla 8, la situación económica en el territorio patrio se ve afectada por la corrupción, puesto que a nivel nacional 67,6% de los encuestados, aseguran que apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos, a nivel urbano un 64,8% y a nivel rural un 74,9%, y esto se debe a que existen abusos en encontrar trabajos, debido a la existencia del favoritismos y explotación salarial por parte de empleadores de entidades públicas y privadas que no reconocen el intelecto y experiencia del trabajador, y dicho trabajador se limita a obtener un ingreso mísero.
En relación al sistema de control interno, se ha obtenido los siguientes resultados:
Avance en el registro del SISECI por nivel de gobierno – año 2017
Nivel de Gobierno | Total de enti- dades (A) | Entidades que re- gistraron en SISECI (B) | % Registro B/A |
Central | 660 | 222 | 33,6 |
Regional | 691 | 91 | 13,2 |
Local | 2369 | 341 | 14,4 |
Total | 3720 | 654 | 17,6 |
La implementación del sistema de control interno se realiza a través del aplicativo informático Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno- SISECI, mediante el cual las entidades deben evidenciar la implementación de las 13 actividades que forman parte del modelo de implementación del Sistema de Control Interno. El grado de registro en el SISECI por las entidades del Gobierno Central fue 33.6%, seguido de las entidades del Gobierno Local y Regional con 14.4% y 13.2% respectivamente. En su totalidad, las entidades que se registraron en SISECI solo llegan al 17,6%.
Implementación del sistema de control interno por las entidades públicas por nivel de gobierno, periodo 2014.
Intervalo | Valor % | Gobierno Cen- tral | Gobierno Regional | Gobierno Local |
Inexistente | 0 | |||
Inicial | 1-20 | 20% | 20% | |
Intermedio | 21-40 | 36% | ||
Avanzado | 41-60 | |||
Óptimo | 61-80 | |||
Mejora Continua | 81-100 |
De los resultados según tabla 10, se puede apreciar que como Gobierno Central, la implementación de control interno se encuentra en un nivel intermedio equivalente a 36%, a nivel Gobierno Regional en un inicial con 20% y a nivel Gobierno Local de igual manera con 20%.
Es de resaltar que los resultados brindados por la CGR (2015) según figura 2, en el periodo 2014, conllevan a que los componentes del sistema de control interno no se están llevando en forma eficiente y eficaz, puesto que los porcentajes mostrados indican la existencia de descontrol por parte de las entidades del estado.
De la revisión de información, se ha obtenido resultados de cómo la falta de implementación de un sistema de control interno conlleva a que la corrupción avance y se convierta en una plaga mortal para el país. Si bien es cierto que, se ha obtenido que el problema más grande que abarca el Perú es la corrupción con un 53,9% de afirmación por parte de los ciudadanos, ellos mismos indican que existe mayor desconfianza en partidos políticos con un porcentaje de 3,9 % de confianza, lo que va a incidir en que también un 2,9% ha entregado en alguna ocasión un incentivo a un funcionario público, tal como lo explican Donayre (2014) y Cárdenas et al. (2016) quienes afirman que la corrupción deteriora la ética de las personas y por consiguiente permite el ingreso de actos que destruyen el orden jurídico y el respeto por las normas que establecen los controles.
Del mismo modo, analizando el IPC 2017, siendo que Perú es un país que ocupa el puesto 96, como uno de los más corruptos, esto se puede ratificar con lo indicado por Pares (2017), Trujillo (2017) y Ramírez (2017) quienes en sus trabajos de investigación ponen como ejemplos la problemática de los policías, las contrataciones públicas y la ruptura de la ética; y esto se ve reflejado en el comportamiento existente como mala gestión pública con un 66,1%, mal funcionamiento de la democracia con un 58,5%, una discriminación social en un 14, 6% y una situación económica que apenas la persona logra equilibrar sus ingresos y gastos en un 67,6%.
Al respecto, Olaya (2012) explica que el servidor público es impulsado a obtener algo a cambio a fin de satisfacer la necesidad de urgencia del que ofrece, y es corroborado con lo que manifiestan Canelos (2013) y Navarro & Ramos (2016) quienes afirman que para combatir la corrupción se necesita de mecanismos
creíbles que permitan su erradicación, asimismo, inducen a la severidad de las normas, puesto que según el aspecto legal se ve reflejada muchos lapsos de tiempo para implementar un sistema de control interno, y es por ello que, hasta la Contraloría General de la República cuenta con un porcentaje de confianza de 12,4% por parte de la ciudadanía.
Hace nueve años se promulgó la Ley del Control Interno de las Entidades del Estado, que las obliga a implementar y mantener sus controles internos en todas las operaciones institucionales con el fin de prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. El objetivo principal era impulsar una gestión pública más eficiente y transparente a través del cumplimiento de los objetivos y metas trazados por las instituciones, lo que incidirá positivamente en la calidad de los servicios, bienes u obras que brindan a la población. No obstante, y pese al tiempo transcurrido aún no se logra este objetivo. La Contraloría, dentro de sus competencias, es la responsable de brindar los lineamientos para que las entidades implementen sus controles internos. Es decir, el mismo Sistema Nacional de Control es responsable de evaluar su implementación.
A pesar de sus múltiples ventajas, la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades públicas continúa siendo baja. La última medición anual realizada en el 2014 por la Contraloría General de la República, revela que el nivel promedio de implementación del Control Interno fue de 25 % en 654 entidades en todo el Perú. Así también se indica que el grado de implementación promedio de las entidades a nivel del gobierno central (36 %) es mayor al de las entidades de los gobiernos regionales y locales (20 %). La interrogante que surge luego de analizar estos resultados es ¿Por qué el sistema de control interno no se logra implementar al 100% en las entidades del estado? Y la respuesta es obvia, por los índices de corrupción que la asechan.
Para implementar un Sistema de Control Interno, las entidades no requieren aumentar el presupuesto ni implementar horas extras, hecho que es corroborado con lo que señala Canelos (2013). Solo se necesitan voluntad política, liderazgo y compromiso por mejorar la gestión pública en beneficio del ciudadano, por ello se debe reforzar los componentes del sistema de control interno que son Evaluación Del Riesgo, Ambiente De Control, Actividades De Control, Información y Comunicación y Supervisión, tal como lo sustentan la CGR (2014) y CGR (2015).
Respecto a la normativa, es muy flexible y pospone los plazos tal como lo señala la jurisprudencia establecida por el MEF (2015), la CGR (2016) y CGR
(2017), así como las publicaciones de en El Peruano por la PCM en los periodos 2017 y 2108, cuyas normativas fluctúan en periodos de tres años conteniendo políticas que aún no están siendo aplicadas en su totalidad. Como se mencionó anteriormente, ya han pasado 9 años desde que se creó la ley del control interno y aun no se implementa en su totalidad.
En ese sentido, se concluye que, al no existir una implementación de sistema de control interno por parte de las entidades del estado, la corrupción no podrá ser erradicada en su totalidad.
Se recomienda que el Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, ponga mayor énfasis en el cumplimiento de la implementación del sistema de control interno en las entidades de los tres niveles de gobierno, a fin de conseguir de detener el avance del problema de la corrupción dentro de dichas entidades.
Al no existir una implementación de sistema de control interno por parte de las entidades del estado, la corrupción no podrá ser erradicada en su totalidad, generándose el riesgo que se consolide aún más.
La falta de implementación de un sistema de control interno conlleva a que la corrupción avance y se convierta en una plaga mortal para el país.
La gestión pública ha sido denotada como una dimensión afectada por la corrupción, debido a que los ciudadanos desaprueban la gestión de gobierno nacional, regional y local.
La implementación del sistema de control interno se realiza muy lenta en las entidades del sector público, toda vez que el grado de registro en el aplicativo informático denominado Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno SISECI por las entidades del Gobierno Central es muy escasa.
Para implementar un Sistema de Control Interno, solo se necesitan voluntad política, liderazgo y compromiso por mejorar la gestión pública en beneficio del ciudadano.
La normativa, es muy flexible y pospone los plazos para la obligación de la implementación del sistema de control interno, lo que facilita el avance del problema de la corrupción en las entidades públicas.
Canelos, F. (2013) Ética y transparencia: fundamentos, contexto normativo y aplicación del control interno en la gestión y contratación pública. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito, Ecuador.
Cárdenas et al. (2016) Análisis de la corrupción y la gobernanza en América Latina.
Madrid, España. Instituto L.R. Klein – Centro Gauss.
Contraloría General de la República (2014) Marco conceptual del control interno. Publicación auspiciada por: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado.
Contraloría General de la República (2015) Antídoto contra la corrupción. Boletín Institucional. Noviembre 2015 / Año 7 - Edición 35.
Contraloría General de la República (2016) Directiva nº 013-2016.CG/GPROD. Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado aprobada mediante Resolución de Contraloría N. º 149-2016-CG de 13 de mayo de 2016.
Contraloría General de la República (2017) Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG de 20 de enero de 2017.
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